Agencia MANL/ Por Jorge Treviño Isaías (Periodista independiente)
El caso de agresión sufrido por la reportera Iris Velásquez a manos de elementos de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México adscrito a la Fiscalía regional Tlalnepantla. Ocurrido el pasado 30 de noviembre durante un desalojo en el municipio de Atizapán de Zaragoza, la jornalista fue víctima de vejaciones propias un ejército de la edad antigua, ella fue privada de su libertad, golpeada, ofendida verbalmente, torturada, le robaron sus pertenecías personales y herramientas de trabajo, el caso deja al descubierto que el gobierno mexiquense debe implementar urgentemente acciones de cara a la sociedad que garanticen el respeto a los derechos humanos y a la justicia.
Eruviel Ávila Villegas gobernador de la entidad, debe aplicar la ley para que los culpables paguen los delitos cometidos, comenzando por exigir cuentas tanto al Procurador General y al titular de Seguridad Ciudadana, Eduardo Valiente Hernández, pues el Comisionado no ha sido capaz de frenar los ataques a los periodistas en el Estado de México, la agresiones a reporteros ocurren desde el maltrato oral hasta las agresiones físicas las cuales casi siempre que ocurren van acompañadas de robo o daño a los útiles de trabajo como cámaras, grabadoras o teléfonos celulares.
Las dos dependencias gubernamentales han sido fortalecidas en sus presupuestos durante los últimos años, este aumento de recursos ha permitido tener mejores equipo e instalaciones adecuadas además contar tecnología de punta para el desempeño de funciones, pero de nada sirve tener lo mejor materialmente sino se cambia la mentalidad de los integrantes de esos cuerpo que deben dar confianza y no aberración de la población.
Hay registro de agresiones por parte de policías a comunicadores en los que se registra algún tipo de agravio, pero en el caso de Iris Velásquez se dan todo tipo de atentados incluso hasta los tocamientos indebidos en su cuerpo.
A Iris la maltrataron por ser ciudadana, la golpearon por ser mujer, la torturaron y robaron por ser periodista, lo único que les faltó a los nefastos empleados públicos fue que le quitaran la vida a la corresponsal del periódico Reforma.
El escarnio ya está hecho la marca que deja es indeleble. Al gobernador Eruviel le puede resultar sencillo: sólo basta que aplique la ley y que muestre públicamente los actos de reivindicación y justicia. LOS PERIODISTAS NO OLVIDAN…
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