José Humbertus Pérez Espinoza.
COLUMNA ESPECIAL
Es claro que los gobiernos del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo siguen rutas distintas a los gobernadores de MORENA.
Los gobiernos estatales de MORENA negociaron con los gobernadores que les dieron el poder, no tocaron a las fiscalías estatales y dejaron intactos a los grupos de jueces y magistrados que siguieron controlando el corrupto y pestilente poder judicial.
Legitimaron la falta de operadores de justicia desde las instituciones de seguridad y procuración de justicia, garantizaron que no existía carrera ministerial, policial y pericial.
Además de que estos servidores públicos carecían de la certificación constitucional por no haber acreditado los exámenes de control de confianza, ratificaron con ello el incumplimiento a la Reforma Constitucional del 18 de junio de 2008.
Como resultado, en menos de ocho años de gobiernos morenistas, la ciudadanía está desencantada con las promesas de cambio y transformación. El desacuerdo nacional radica en que la ciudadanía percibe que los gobiernos estatales con Morena son corruptos, estrechan sus vínculos con la delincuencia y comienzan a censurar a los medios de comunicación.
Es claro que la elección del presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, responde a los intereses y vínculos del exmagistrado, Sergio Javier Medina Peñaloza.
La titularidad del PJEM a cargo de Sergio Javier Medina Peñaloza estuvo marcada por el desvío de millones de pesos para no capacitar a magistrados penales en el Sistema de Justicia Penal Acusativo.
Como presidente del PJEM Ricardo Sodi Cuellar desvió más de 85 millones de pesos para su promoción personal, junto al corrupto director general de administración del Consejo de la Judicatura Roberto Cervantes Martínez infló los precios en la adquisición de bienes y servicios.
La presente información es resultado del Recurso de Revisión 01254/INFOEM/IP/RR/2024, Sujeto Obligado Poder Judicial, Promotor José Humbertus Pérez Espinoza y Comisionado Ponente Guadalupe Ramírez Peña, resuelto en la Trigésima Quinta sesión ordinaria celebrada el día 3 de octubre de 2024 y resuelto por unanimidad de votos.
Es importante destacar que al analizarlo (anexo 2
, página 2) está acreditado porque los cursos y capacitaciones para el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal Acusativo (SJPA) iniciaron el 11 de febrero de 2009 y hasta el 3 de diciembre de 2019 solo estas capacitaciones fueron para jueces de control y jueces de los tribunales de enjuiciamiento.
Sólo 29 magistrados completaron un curso que comenzó el 12 de marzo de 2019 y finalizó el 21 de mayo de 2019.
El tema "Curso de Preparación para Magistrados en Materia Penal". Es decir, durante los ocho años que duró la instalación y consolidación de la SJPA, del 18 de junio de 2008 al 19 de junio de 2016, no recibieron capacitación.
Los magistrados resuelven principalmente las apelaciones y esto da como resultado que miles de personas falsamente culpables vean confirmadas sus sentencias de primera instancia como inocentes.
Ricardo Sodi Cuellar, a sabiendas de que en los órganos jurisdiccionales los operadores de justicia no estaban capacitados, no auditó la
administraciones de sus predecesores, de modo que
transparentarán dónde se han aplicado los recursos para la formación de magistrados en materia penal de la SJPA (Recurso de Revisión 01254/INFOEM/IP/RR/2024 del INFOEM pp. 82-93).
El 9 de marzo de 2020, el Consejo de la Judicatura del Estado de México, presidido por Ricardo Sodi Cuellar, otorgó la facultad al Lic. Roberto Cervantes Martínez director general de la Administración del Poder Judicial del Estado de México, para celebrar convenios y contratos, derivados de procedimientos relacionados con la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes y servicios de cualquier naturaleza.
Ricardo Sodi y Roberto Cervantes, con el Acuerdo citado, desautorizaron a los asesores de la Comisión de Administración del CJEM y con ello sobrevaluaron todos los contratos en materia de adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes y servicios, a fin de favorecer a las empresas amigas que les entregaron cientos de millones de pesos.
Ricardo Sodi Cuellar desplegó diversos actos de corrupción, como lo evidencian los contratos números: LP-PJ-09/2021 y LP-PJ-05/2023, para la adquisición, suministro de bienes y servicios informáticos para la instalación y adecuación para habilitar 95 Salas de Tribunales Orales.
Los acuerdos voluntarios fueron firmados por el Poder Judicial del Estado de México: Roberto Cervantes Martínez, Director General de Administración y por Tecnología en Telecomunicaciones SA de CV los ciudadanos Hugo Alberto Méndez Arellano y Jorge Antonio Soto Martínez, el monto total de ambos contratos fue de $160,504,547.00 (ciento sesenta millones quinientos cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 00/MN).
No sólo está comprobado que durante el sexenio de Ricardo Sodi Cuéllar se incrementaron los precios en construcción, adquisición de bienes y servicios, sino también que, respecto de los 95 Tribunales Orales, específicamente los de juicios orales mercantiles, no se instalaron, donde se requirieron y simularon cientos de juicios orales mercantiles para despojar a familias mexicanas de sus viviendas.
¿Romperá el magistrado Héctor Macedo García el cordón umbilical con su magistrado Ayatolá Sergio Javier Medina Peñaloza?, ¿auditará el magistrado Macedo García las dos últimas gestiones tras los resultados de la Revisión de Recursos 01254/INFOEM/IP/RR/2024 del INFOEM?
Lunes 23 de junio de 2025
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